La ministra de Salud encargada, Ivette Berrío realizó en San Félix, este miércoles una maratónica jornada de diálogo con los grupos de la Comarca Ngäbe-Buglé que mantienen los cierres de vías, en las que les reiteró que la vacuna contra el coronavirus no es obligatoria, pero sí necesaria para la salud y la vida; y también atendió una serie de peticiones que formularon, las cuales serán elevadas al Ejecutivo.
Desde tempranas horas de la mañana la ministra acompañada de su equipo de trabajo sostuvo una reunión con los grupos en mención en la que también participo el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
La ministra indicó que pliego de peticiones de los grupos en protestas que incluye el cese del uso de la mascarilla y el retiro de los equipos de vacunación de la comarca será elevada al Gobierno Nacional para que sean analizadas, ya que todas las decisiones relacionadas con la pandemia se han tomado en forma conjunta y en equipo.
Berrío reiteró que las vacunas utilizadas en Panamá para la lucha contra la Covid-19 han resultado efectivas y seguras sin reportes de muertes por su aplicación en la población.
“Hemos venido a reiterar la comunicación que han expresado los voceros y equipos que hemos mandado semana atrás de que la vacunación contra el coronavirus no es obligatoria y no hay razón para cerrar las vías por ese motivo”, expresó la ministra encargada.
Berrío sostuvo que no hay razón por parte de estos grupos para cerrar las vías porque en ningún momento el Gobierno Nacional ha habido acciones para obligar a un ciudadano en el territorio nacional a vacunarse contra la Covid-19.
En cuanto a la queja de los manifestantes de que se les niega el acceso a los servicios de salud por no estar vacunados, la ministra aseguró que en el Minsa no tiene denuncia al respecto y que, en tal caso, esas denuncias deben ser canalizadas por las vías correspondientes, ya que ningún funcionario de salud puede faltar al compromiso institucional y profesional de brindar atención a la población.
Por su parte, el Defensor del Pueblo reiteró a los grupos de los pueblos originarios que la vacuna contra la Covid-19 es voluntaria y en caso de los menores de edad los padres de familia deben dar el consentimiento para aplicárselas.